FRAUDE. LAS AUTORIDADES DETECTARON 149 DOCUMENTOS FALSIFICADOS

Durante operativos realizados a nivel nacional en julio y los primeros días de agosto del presente año, la Dirección General de Migración decomisó carnés auténticos del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), en posesión de otras personas, y otros falsificados,

Dentro de los documentos decomisados en las operaciones de interdicción migratoria, dispuestas por el director general de Migración, teniente general Máximo William Muñoz Delgado, figuran 183 documentos falsos y 153 documentos con usurpación de identidad.

Entre los documentos falsos se encuentran 149 carnés del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y 5 cédulas dominicanas; así como también 29 pasaportes haitianos con irregularidades que van desde libretas expiradas, visados falsos, entre otras alteraciones.

Exigen aplicar la ley migratoria y vigilar soberanía
Mientras que dentro de los documentos detectados con usurpación de identidad, figuran 142 carnés del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, 6 pasaportes, y 2 cédulas haitianas, además de 3 cédulas dominicanas.

La DGM informó que los documentos fueron ocupados gracias al empleo de lectores y a la consulta con la base de datos de la institución que realizan los inspectores de migración.

Conforme a la institución, en estos casos se procede a la deportación del portador del carné por encontrarse irregular en el país e incurrir en usurpación de identidad y en lo que concierne al titular, se procede a su exclusión del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y a la consecuente deportación, toda vez que no se demuestre la existencia de una denuncia previa a la sustracción del documento ante la instancia correspondiente.

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DOCUMENTOS DETECTADOS
Los documentos detectados con usurpación de identidad serán remitidos ante las embajadas correspondientes acreditadas en el país y a los organismos nacionales competentes. Del mismo modo, se mantiene abierta una investigación con otros organismos de seguridad del Estado, a los fines de identificar a los responsables de la falsificación de los documentos, para posteriormente proceder a su sometimiento a la justicia.